El Gobierno de ZP intenta colar­nos un gol y apro­bar (con noc­tur­ni­dad y ale­vo­sía) la Ley de Eco­no­mía Sos­te­ni­ble, en la aña­den “deta­lles insig­ni­fi­can­tes” como otor­gar potes­tad al Minis­te­rio de Cul­tura para blo­quear el acceso a pági­nas de Inter­net sin nece­si­dad de una orden judicial.

La res­puesta de la comu­ni­dad inter­nauta no se ha hecho esperar:

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1.- Los dere­chos de autor no pue­den situarse por encima de los dere­chos fun­da­men­ta­les de los ciu­da­da­nos, como el dere­cho a la pri­va­ci­dad, a la segu­ri­dad, a la pre­sun­ción de inocen­cia, a la tutela judi­cial efec­tiva y a la liber­tad de expresión.

2.- La sus­pen­sión de dere­chos fun­da­men­ta­les es y debe seguir siendo com­pe­ten­cia exclu­siva del poder judi­cial. Ni un cie­rre sin sen­ten­cia. Este ante­pro­yecto, en con­tra de lo esta­ble­cido en el artículo 20.5 de la Cons­ti­tu­ción, pone en manos de un órgano no judi­cial –un orga­nismo depen­diente del minis­te­rio de Cultura-, la potes­tad de impe­dir a los ciu­da­da­nos espa­ño­les el acceso a cual­quier página web.

3.- La nueva legis­la­ción creará inse­gu­ri­dad jurí­dica en todo el sec­tor tec­no­ló­gico espa­ñol , per­ju­di­cando uno de los pocos cam­pos de desa­rro­llo y futuro de nues­tra eco­no­mía, entor­pe­ciendo la crea­ción de empre­sas, intro­du­ciendo tra­bas a la libre com­pe­ten­cia y ralen­ti­zando su pro­yec­ción internacional.

4.- La nueva legis­la­ción pro­puesta ame­naza a los nue­vos crea­do­res y entor­pece la crea­ción cul­tu­ral. Con Inter­net y los suce­si­vos avan­ces tec­no­ló­gi­cos se ha demo­cra­ti­zado extra­or­di­na­ria­mente la crea­ción y emi­sión de con­te­ni­dos de todo tipo, que ya no pro­vie­nen pre­va­len­te­mente de las indus­trias cul­tu­ra­les tra­di­cio­na­les, sino de mul­ti­tud de fuen­tes diferentes.

5.- Los auto­res, como todos los tra­ba­ja­do­res, tie­nen dere­cho a vivir de su tra­bajo con nue­vas ideas crea­ti­vas, mode­los de nego­cio y acti­vi­da­des aso­cia­das a sus crea­cio­nes. Inten­tar sos­te­ner con cam­bios legis­la­ti­vos a una indus­tria obso­leta que no sabe adap­tarse a este nuevo entorno no es ni justo ni rea­lista. Si su modelo de nego­cio se basaba en el con­trol de las copias de las obras y en inter­net no es posi­ble sin vul­ne­rar dere­chos fun­da­men­ta­les, debe­rían bus­car otro modelo.

6.- Con­si­de­ra­mos que las indus­trias cul­tu­ra­les nece­si­tan para sobre­vi­vir alter­na­ti­vas moder­nas, efi­ca­ces, creí­bles y ase­qui­bles y que se ade­cuen a los nue­vos usos socia­les, en lugar de limi­ta­cio­nes tan des­pro­por­cio­na­das como inefi­ca­ces para el fin que dicen perseguir.

7.- Inter­net debe fun­cio­nar de forma libre y sin inter­fe­ren­cias polí­ti­cas aus­pi­cia­das por sec­to­res que pre­ten­den per­pe­tuar obso­le­tos mode­los de nego­cio e impo­si­bi­li­tar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exi­gi­mos que el Gobierno garan­tice por ley la neu­tra­li­dad de la Red en España, ante cual­quier pre­sión que pueda pro­du­cirse, como marco para el desa­rro­llo de una eco­no­mía sos­te­ni­ble y rea­lista de cara al futuro.

9.- Pro­po­ne­mos una ver­da­dera reforma del dere­cho de pro­pie­dad inte­lec­tual orien­tada a su fin: devol­ver a la socie­dad el cono­ci­miento, pro­mo­ver el domi­nio público y limi­tar los abu­sos de las enti­da­des gestoras.

10.- En demo­cra­cia las leyes y sus modi­fi­ca­cio­nes deben apro­barse tras el opor­tuno debate público y habiendo con­sul­tado pre­via­mente a todas las par­tes impli­ca­das. No es de recibo que se reali­cen cam­bios legis­la­ti­vos que afec­tan a dere­chos fun­da­men­ta­les en una ley no orgá­nica y que versa sobre otra materia.